El Ministerio Público de Guatemala requirió a la Contraloría General de Cuentas una auditoría de la Federación Fútbol del país a raíz del sospechas de corrupción que han recaído sobre su presidente, Brayan Jiménez Hernández.
El Ministerio Público pidió el 22 de septiembre a la Contraloría que estudiara los fondos públicos de la Federación y revelara los resultados «para emprender la investigación y persecución penal correspondiente», en caso de que «existieran acciones constitutivas de delitos», indicó la fiscalía en una declaración oficial.
El pasado viernes, tras una reunión entre la Fiscal General, Thelma Aldana, y el Contralor General de Cuentas, Carlos Enrique Mencos, la Fiscalía solicitó un informe de resultados «para analizar y establecer la procedencia de las acciones oportunas en consonancia a los resultados de la fiscalización».
La Federación de Fútbol de Guatemala ratificó la suspensión temporal de su presidente Jiménez, prófugo de la Justicia desde el pasado viernes, por su presunta participación en la red de corrupción en la FIFA.
Jiménez, reelegido en 2013 hasta el año 2017, está acusado, según la orden de captura en su contra, de los delitos de crimen organizado y lavado de dinero, por su supuesta participación en una red de corrupción dentro de la FIFA.
Por este mismo caso también está acusado el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y secretario general de la federación nacional de fútbol, Héctor Trujillo, quien fue detenido el pasado viernes en Estados Unidos.
Trujillo está sindicado de dispensar «justicia, mientras solicitaba sobornos y vendía su influencia dentro de la FIFA», máximo órgano de dirección del fútbol mundial.
Jiménez y Trujillo están suspendidos temporalmente de sus cargos hasta que se convoque una asamblea general extraordinaria, el 22 de diciembre, y se adopte la decisión definitiva.
Según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en marzo de 2010, Jiménez, en su cargo de presidente de la federación, aceptó junto a Trujillo, secretario general, y Salguero, uno de los tres representantes de la Concacaf en el comité Ejecutivo de la FIFA, un soborno «de seis dígitos» por los contratos de televisión de los partidos de calificación para el Mundial de 2018.
En febrero de 2014, Jiménez y Trujillo negociaron con la misma empresa, Media World, un nuevo acuerdo por los derechos de televisión para la clasificación al mundial de Qatar 2022, por el cual ambos mandatarios recibirían un pago de 200.000 dólares.
Jiménez percibiría, según la investigación del Departamento de Justicia, otros 200.000 dólares adicionales.
