LAS VEGAS (AP) — La disputa legal entre Cristiano Ronaldo y la mujer que lo acusa de violarla en una suite de Las Vegas hace más de 10 años se acerca a un proceso ante un jueza federal en el estado de Nevada.
No se fijó de inmediato una fecha para el juicio. Sin embargo, la jueza federal de distrito Jennifer Dorsey se mostró dispuesta a escuchar los argumentos y a decidir si Kahryn Mayorga estaba en condiciones mentales aptas para suscribir un acuerdo con los representantes del astro del fútbol internacional. Mediante ese arreglo, la mujer guardaría silencio sobre el caso a cambio de que se le pagaran 375.000 dólares.ADVERTISEMENT
Peter Christiansen, abogado del astro portugués de la Juventus, se negó a emitir comentarios el martes.
Los abogados de Mayorga, encabezados por Leslie Mark Stovall, no respondieron de inmediato a un correo electrónico ni a los mensajes telefónicos que se les enviaron para solicitar su postura sobre el fallo emitido por la jueza el 30 de septiembre.
Dorsey escribió que una corte debería decidir si Mayorga “carecía de la capacidad mental” para firmar un arreglo de confidencialidad con los representantes de Cristiano, de 35 años, y “si hubo alguna vez cualquier acuerdo entre las partes”.
No quedó claro de inmediato si Cristiano o Mayorga tendrán que comparecer personalmente en la corte cuando se realice el juicio.
Normalmente, The Associated Press no identifica por su nombre a las personas que se dicen víctimas de agresiones sexuales. Pero en octubre de 2018, después de presentar su demanda contra el futbolista, Mayorga dio mediante sus abogados el consentimiento para que se mencionara públicamente su nombre.
Dorsey dio como plazo hasta finales de noviembre para que ambas partes acuerden un plan para el juicio.
Christiansen podría presentar un recurso para impugnar el fallo emitido por Dorsey ante la Corte de Apelaciones del 9no Circuito Federal. Se negó a decir si lo hará.
El fallo representa un revés para los abogados de Cristiano, quienes hasta ahora han mantenido en secreto los detalles del arreglo de 2010. El caso volvería ahora a una corte pública, donde se ventilarían preguntas que el magistrado federal Daniel Albregts consideró que debían permanecer en privado mediante una determinación anunciada en febrero.
Los fallos de los jueces federales de distrito pueden invalidar aquellos emitidos por los magistrados, quienes se encargan de la presentación de documentos ante las cortes y de recibir los argumentos previos al juicio.
