Cuatro días después de que Leo Messi se sentara en el banquillo en la Audiencia de Barcelona por presunto fraude a Hacienda, ahora le toca el turno a Neymar. El Barcelona no tiene respiro en los juzgados. Según informó la Cadena SER a última hora de la noche, la Fiscalía remitió el escrito por el que propone juzgar el caso de la supuesta estafa al fondo DIS. En una sucesión lógica de acontecimientos, el juez deberá seguir el criterio del fiscal.El fiscal considera que una vez practicadas todas las diligencias, deben sentarse en el banquillo Neymar, su padre, su madre, los expresidentes del Barça y Santos, Rosell y Odilio Rodrigues; y también el FC Barcelona; el Santos, club de procedencia del futbolista; y la empresa de los padres de Neymar, N&N..La Fiscalía propone juzgar a Neymar por corrupción porque a espaldas del fondo brasileño que tenía sus derechos federativos, firmó en 2011 con el Barça los contratos que le ataban a este club, “alterando de esta manera el libre mercado perjudicando también al fondo DIS, que se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase a las reglas de la libre competencia”, según la Fiscalía.
El Barça acabó pagando a DIS el 40 por ciento de los 17.100.000 euros que se estableció como traspaso al Santos, pero en realidad el Barcelona pagó 25.171.000 por este concepto, por lo que a DIS le correspondían 10.068.400 euros, y el Ministerio Público entiende que el fondo brasileño debe ser indemnizado con 3.228.440. El FC Barcelona, según la Fiscalía, simuló contratos para pagar menos a DIS. Además, el Barça engañó al fondo al contestarle por carta en diciembre de 2012, cuando ya había pagado un anticipo de 10 millones a Neymar para atarle, que “no estaba en negociaciones, ni tiene suscrito ningúnpreacuerdo con el Santospara el traspaso o cesión del jugador”. La Fiscalía pide que se archive el caso contra Bartomeu, porque firmó como vicepresidente los contratos. Esta estrategia confirma las informaciones que se publicaron según las que el Barcelona a nivel institucional respondería legalmente, mientras que el actual presidente quedaría exonerado del proceso. El FC Barcelona manifestó en su día que el fichaje costó 57.100.000 euros “y punto”, pero según la Fiscalía el coste de la contratación fue de 83.371.000 euros, a los que habría que sumar otros 13 millones que se dejaron de ingresar a Hacienda con la estructura fraudulenta creada para el fichaje.
