El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol, encabezado por Juan Carlos Ríos, denunció ante el Ministerio Público a auditores gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas, por hechos irregulares y extralimitarse de sus funciones.
El 28 de mayo, el Comité de Regularización impuesto por la FIFA, aseguró ante el ente investigador que los auditores se habrían extralimitado en sus funciones al cuestionar un expediente por el cual no fueron nombrados para una contra revisión en la Fedefut durante el período 2011-2015.
La Contraloría realizó una auditoría del período del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2015, en la que se encontraron hallazgos por un monto de Q9.1 millones que terminó en una denuncia penal ante el MP.
Juan Carlos Ríos explicó que lo más grave es que auditores que no tiene esa potestad para sustituir un hallazgo por otro. “Manipularon actas del Comité Ejecutivo de esa época, pusieron cosas que no son ciertas como viáticos y gastos de bolsillo de los seleccionados.
Según Ríos utilizaron como fundamentos un caso de Q24 mil para “desvanecer el hallazgo de los Q9 millones”.
En dichas denuncias se encuentra sindicado Gerardo Paiz, ya que integraba el Comité Ejecutivo encabezado por Brayan Jiménez, quien juzgó un proceso en las cortes de Nueva York, Estados Unidos, por lavado de dinero y recibir sobornos para la adjudicación de los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Nacional.
A raíz de la denuncia del Comité de Regularización al MP, la Contraloría comenzó una investigación interna a sus auditores, ya que no tenían el nombramiento para realizar dicha contra revisión, que hizo que la denuncia por los Q9 millones, se catalogara que no había delito y se desestimara, con lo cual Paiz Bonifasi pagó una multa administrativa mayor a los Q50 mil para obtener el finiquito que extiende la Contraloría para poder participar en el proceso eleccionario de la Fedefut.
Debido a las irregularidades hechas por los auditores, el finiquito extendido a Paiz Bonifasi no tendría validez, por lo que ahora serán los entes competentes quienes decidirán si el empresario electo podrá tomar posesión de la Federación.
