Nuevo juicio en Nueva York a acusados en el ‘FIFAgate’

Dos exejecutivos del gigante estadounidense Fox y la empresa argentina Full Play se sientan a partir de este martes en el banquillo de la justicia en Nueva York acusados de corrupción, fraude bancario y lavado de dinero, en el marco del mega escándalo de sobornos en la FIFA que estalló en 2015.

Se trata del mexicano-estadounidense Carlos Martínez y el argentino-estadounidense Hernán López, que trabajaron en la empresa 21st Century Fox y el grupo Full Play, una agencia de marketing deportivo con sede en Buenos Aires (Argentina), y propiedad de los acusados argentinos Hugo y Mariano Jinkis, prófugos de la justicia estadounidense.

La justicia estadounidense alega que entre 2005 y 2015, «los acusados acordaron pagar, pagaron y facilitaron el pago y la ocultación de sobornos anuales y pago de comisiones ilegales» a funcionarios de la Confederación de fútbol de Sudamérica (Conmebol) a cambio de lucrativos contratos de transmisión de partidos amistosos de la Copa Libertadores y otros eventos futbolísticos, y obtener información privilegiada para hacerse con los derechos de transmisión en Estados Unidos de los partidos de los Mundiales de 2018 y 2022.

En la misma causa también está acusado el español Gerard Romy, expresidente de la empresa deportiva Imagina.

El 9 de abril de 2020, en plena pandemia de covid, los dos acusados se declararon no culpables y acordaron pagar una fianza de 15 millones dólares cada uno para aguardar el juicio en libertad.

El selección del jurado que sellará la suerte de los acusados ya ha comenzado, informó el tribunal de Brooklyn, por lo que los alegatos iniciales podrían empezar el mismo martes, ante la jueza Pamela Chen, instructora del caso.

Según el FBI (policía federal), los acusados «corrompieron durante muchos años la gobernanza y los negocios del fútbol internacional con sobornos y comisiones ilegales, y se involucraron en esquemas criminales fraudulentos que causaron un daño significativo al deporte del fútbol».

«Sus esquemas incluían el uso de empresas fantasma, contratos de consultoría falsos y otros métodos de ocultación para disfrazar los sobornos y los pagos de comisiones ilegales y hacerlos parecer legítimos».

Los cargos conllevan penas máximas de prisión de 20 años por cada delito.