El comité de normalización que dirige la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) revisará «a profundidad» todas las actuaciones realizadas con el objetivo de «rescatar» a la institución, involucrada en el escándalo de corrupción de la FIFA conocido como FIFAGate.
Así lo reveló la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, tras reunirse con el equipo liderado por la excomisionada Presidencial para la Reforma Policial, Adela Camacho de Torrebiarte, que presidente ahora la institución deportiva de forma temporal.
Como primer paso, la comisión, nombrada el pasado día 6, pidió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que realice una «auditoría completa» y «profunda» para ver si existen indicios de algún delito.
En esta labor, el Ministerio Público (MP-Fiscalía) colaborará con la comisión, para lo cual ha sido nombrado como enlace de comunicaciones el secretario de Política Criminal, Rootman Pérez.
La comisión de normalización se ha hecho cargo de las tareas administrativas de la Federación y tiene como prioridades la reforma de los estatutos y la organización de las elecciones antes del próximo mes de diciembre.
El comité de normalización estará en el cargo hasta el 30 de septiembre de 2016 y actuará como comisión electoral -cuyos miembros no podrán participar en las mismas-, con decisiones «firmes y vinculantes».
La creación de este equipo de gobierno fue decretada por la FIFA el pasado 19 de diciembre tras el escándalo de corrupción «FIFAGate», que involucra, entre otros, al expresidente Brayan Jiménez, quien será extraditado a Estados Unidos en el menor tiempo posible.
Reelegido en 2013 hasta 2017, está acusado de los delitos de criminalidad organizada y lavado de dinero, por su supuesta participación en un caso de corrupción dentro de la FIFA, máximo órgano de dirección del fútbol mundial.
Jiménez dejó sus funciones en la federación el pasado 4 de diciembre, al igual que Héctor Trujillo, secretario general de la institución y magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala.
Según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en marzo de 2010, Jiménez, en su cargo de presidente de la federación, aceptó junto a Trujillo, secretario general, y Rafael Salguero, uno de los tres representantes de la Concacaf en el comité Ejecutivo de la FIFA, un soborno «de seis dígitos» por los contratos de televisión de los partidos de calificación para el Mundial de 2018.
En febrero de 2014, Jiménez y Trujillo negociaron con la misma empresa, Media World, un nuevo acuerdo por los derechos de televisión para la clasificación al mundial de Catar 2022, por el cual ambos mandatarios recibirían un pago de 200.000 dólares.
Jiménez percibiría, según la investigación del Departamento de Justicia, otros 200.000 dólares adicionales.
Trujillo quedó en libertad bajo fianza.
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